- Los más afectados son los consumidores, seguido de la economía local, por la ausencia de lineamientos integrarles de supervisión
2000Agro/Redacción
A pesar de que la industria agroalimentaria en México es una de las más prósperas, y de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en el primer semestre de este año, se registraron ganancias de 4890 millones de dólares, representando un incremento del 22 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2023. Aún existen diversos desafíos significativos en la materia, especialmente aquellos relacionados con la salud y exportaciones.
“En la actualidad, los agricultores y productores mexicanos enfrentan una serie de retos derivados de la globalización: la demanda de productos frescos que ha crecido significativamente, y si bien este factor podría percibirse como positivo, puede que no lo sea del todo, pues ante las exigencias del mercado, la industria se ha visto obligada a centrarse en el volumen de producción, en lugar de la calidad, lo que pone en riesgo la inocuidad alimentaria”, comentó Alfredo Oseguera, gerente de Inocuidad de Alimentos en Cadena de Suministro Agrícola de NSF para México y América Latina.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, durante 2023, México enfrentó un panorama preocupante en materia de salud pública, ya que se registraron un total de 3 457 964 casos de enfermedades infecciosas intestinales, de los cuales más de 23 000 se atribuyeron a intoxicaciones alimentarias bacterianas.
Esta situación enciende las alarmas sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y control de este tipo de enfermedades, pues además de afectar la salud, también generan un impacto negativo en la economía y el desarrollo social del país, especialmente en aquellas empresas exportadoras.
“Por ello, protocolos para la inocuidad alimentaria no deberían ser una opción, sino una obligación, ya que este tipo de procesos no solo beneficiará directamente a los consumidores a largo plazo, sino que será positivo para la prevalencia del negocio. Las empresas que no se involucren en esta situación podrían no solo perder mucho dinero, sino también el prestigio de su marca, sin considerar los problemas legales que podrían enfrentar”, aseveró Alfredo.
Por ejemplo, la implementación de esquemas de certificación como Primus GFS, que abarca toda la cadena de producción con un enfoque integral en la inocuidad alimentaria, no solo minimiza los riesgos de contaminación, sino que también mejora la calidad de los productos, asegurando su aceptación en mercados internacionales. Esto es particularmente relevante para las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, que desde 2022 requieren el cumplimiento de la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria (FSMA).
En este sentido, es fundamental que en el sector agroalimentario se implementen procesos y certificaciones que garanticen la correcta manipulación y preparación de los alimentos para evitar un efecto dominó que afecte a los consumidores y la industria en los ámbitos local y global.
Al cumplir con estos estándares, se garantizará la preferencia y la demanda de los productos, generando un impacto positivo en la salud y en la empleabilidad dentro del sector agroalimentario.
Fotografía: NSF
