Lejos de poder constituirse en un ingreso real para el agricultor, el precio objetivo establecido para el arroz fue empleado por la industria para disminuir el costo que paga al productor primario.
Las características del arroz mexicano y su aparente alto costo en anaquel, ocasionan que los industriales privilegien la importación y prácticamente hayan acabado con nuestros cultivos, afirma Víctor Reyes Bank, presidente del Consejo Campechano del Arroz.
Y es que México importa 83 por ciento de su consumo de arroz procedente de Estados Unidos, un poco de Argentina, Paraguay y hasta de Perú, expuso durante el Congreso Nacional Agronómico 2004, realizado del 12 al 14 de mayo en la Universidad Autónoma Chapingo.
El precio objetivo del arroz se fijó en 2,100 pesos y se utilizó para disminuirlo en campo, por lo que el subsidio al productor se quedó en la industria con la complacencia de los líderes arroceros y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que nunca pudo fijar reglas claras para su aplicación. Este precio, propuesto por la Fenaparroz y el Comearroz, es bajo, pues sólo permite al productor sobrevivir, sin posibilidades de crecimiento.
En 2003, la reducción del precio en el campo produjo a la industria por cada 100 pesos de ahorro 18 millones de ganancia, si tomamos en cuenta que la cosecha fue de 180 mil toneladas. El precio real de mercado debió ser 2,200 pesos por tonelada y sólo se pagó en promedio mil 600, observamos cómo la relación final de productor e industria es el equivalente a una pérdida para el productor de 108 millones de pesos, precisa Reyes Bank.
Por ello, propuso que como base de precio se utilice la Norma Mexicana NMX-FF 059-SCFI-2000 referente a productos alimenticios para consumo humano arroz palay, que fija las especificaciones del producto, premios y castigos, lo cual es importante ya que el industrial pretexta baja calidad para justificar bajos precios. Comúnmente éstos se calculan tomando como base una matriz de cálculo que los referencia en la Bolsa de Chicago, que no tiene parámetro con el arroz mexicano, que tiene una cotización diferente en anaquel.
El arroz blanco importado de Estados Unidos puede alcanzar un precio en anaquel de cinco pesos por kilo; el grano grueso mexicano, ocho pesos, por lo cual los arroceros nacionales se oponen a la utilización de la matriz de cálculo con referencias en Chicago.
Los granos estadounidenses son delgados, mientras que el cultivado en nuestro país es grueso (Panza blanca), que no se produce en ninguna otra nación. Esta variedad, milagro filipino, tiene un gran contenido de almidones que absorben el sabor de especies, aceites y salsas.
Por otra parte, la Norma Mexicana de Etiquetado NMX-FF-035-SCFI, cuya discusión fue aplazada seis años y por fin la Sagarpa activó en 2003, se espera que prohíba la mezcla de arroces de importación con producción nacional, se aprobó para su revisión y sólo falta su publicación para formalizarla. Esta norma ha generado discusión entre productores afiliados a la CNC y quienes no lo son.
Víctor Reyes comentó que la mala relación entre la industria y los productores ha obligado a que en algunos estados los arroceros incursionen en la agroindustria, lo cual se dificulta por el hecho de que los industriales controlan el mercado, por lo que a final de cuentas han salido mal librados por las complejas y amañadas prácticas comerciales de nuestro país, sumado a la falta de crédito. La experiencia comercial ha obligado a gran parte de ellos a trabajar sólo como maquiladores de la gran industria en algunos casos y en otros como rentadores de sus plantas.
Retos
Los retos de los productores son poderse unir y negociar con el apoyo de Sagarpa y la Secretaría de Economía (SE) el precio base para poder alcanzar a un precio justo de campo y dar mejor uso a un subsidio agrícola; buscar el acceso a las comercializadoras y cadenas comerciales, las cuales están cerradas por las industrializadoras de arroz, pues cuando las agroindustrias tratan de vender en forma directa son bloqueadas en las cadenas comerciales de muchos años, que en algunos casos incluyen relaciones familiares y de paisanaje.
Por último, Reyes Bank hizo una reflexión: un cultivo lleva seis meses de trabajo y de riesgos, el productor vende en 1,600 pesos por tonelada; el industrial, procesa y comercializa, arriesga tres meses y vende en seis mil toneladas; el comercializador final arriesga 30 días y vende en nueve mil por tonelada. Aquí se observa que quien realmente arriesga es el productor, sobre todo cuando nuestra patriótica banca no invierte en el campo y sólo la industria y el comercio son sujetos de crédito.
Distribución de molinos de productores en el país
Michoacán: opera una planta con ventas en los mercados locales y regionales.
Morelos: operan tres plantas con ventas en los mercados locales y regionales así como en el DF, y maquilan para otras industrias.
Veracruz: opera una planta con mercado regional.
Tabasco: opera una planta como maquiladora.
Campeche: operan tres plantas, una en proceso jurídico maquilando; otra operando y posicionándose en el mercado nacional; una más sin viabilidad financiera, por la falta de visión de los productores propietarios para ubicarse en el mercado nacional, y una en construcción.
