CARTA EDITORIAL
Wendy Coss y León
Directora General
Empoderar sí, dádivas no
L
os efectos de la sequía que desde 2011 afecta a varios estados de la República
Mexicana han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del campo mexicano ante las
contingencias climatológicas y, también, la inadecuada gestión que hemos hecho de los
recursos naturales.
Indudablemente, siempre será más fácil, y menos costoso, prevenir que corregir. En este
sentido, además de la entrega de recursos para atender la devastación que ha ocaciona-
do la sequía en el sector agropecuario nacional –que sin duda es importante–, valdría la
pena orientar las prioridades del gasto público a empoderar a los productores primarios.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), el presupuesto de los programas operados por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) pasó de 48 mil millones de
pesos en el año 2000 a 74 mil millones de pesos en 2011. Pero, a pesar de que el pre-
supuesto creció, no lo hizo la productividad, ya que del total de programas destinados al
sector agrícola, sólo 8 por ciento llega a la población en pobreza.
Sin embargo, aun en condiciones adversas, cada vez son más los productores que bus-
can opciones productivas sostenibles y que garanticen el abasto de alimento a precios
accesibles para todos los consumidores.
Ejemplo de ello es el proyecto “Construyendo políticas públicas confiables para el uso
eficiente del agua y la energía para incentivar una agricultura más sustentable”, diseñado
e implementado por las organizaciones Oxfam México y la Alianza Nacional Agropecuaria
de Comercializadores y Consumidores (ANACC – Barzón), con la finalidad de impulsar
prácticas que contribuyan a mejorar los programas gubernamentales para riego y uso de
la energía en el campo, así como incidir en las acciones de adaptación y mitigación del
cambio climático.
Esta iniciativa destaca por el interés de los productores en hacer de la producción de
alimentos una actividad más sostenible y rentable, ya que el desarrollo y la competitividad
del campo no son sólo un tema de apoyos, implican también un cambio de prácticas res-
paldado por recursos bien orientados hacia quienes más lo necesitan, para empoderar a
los productores y no hacerlos dependientes.
De acuerdo con el relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación,
Olivier de Schutter, los programas gubernamentales en México, destinados a los produc-
tores agrícolas que más apoyo necesitan, no ven a éstos como entidades competitivas.
Desde esta perspectiva, seguiremos obteniendo más de lo mismo. Y no debemos olvidar
que los pequeños agricultores, los productores del sector rural, son una pieza fundamen-
tal en el motor del desarrollo de este país.
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